El 4 de mayo, la Argentina recibió la visita de una delegación de la SIP, cámara empresaria que agrupa a los dueños de los medios de comunicación de todo el continente. Esta comunicación no busca ahondar en la, por lo menos, cuestionable trayectoria de dicha entidad, por lo que no haremos referencia detenida a su historia poblada de buenas relaciones con las dictaduras latinoamericanas.
De hecho, cuando un argumento es bueno, uno intenta dejar de lado minucias como el origen de la SIP y su relación con Fulgencio Batista. En nombre de la honestidad intelectual, no retrucaría un buen testimonio sólo por provenir de un grupo empresarial de comprobada participación en el golpe de estado de 1973 en Chile, así como evitaría el prejuicio de considerar que una entidad relacionada con el golpe de estado en Uruguay, también del 73, es incapaz de realizar un planteo serio respecto de la libertad de expresión.
Nuestra inquietud surge a partir de las reiteradas ocasiones en que los socios dilectos de la SIP –y su filial local ADEPA- en Argentina, claman por supuestas restricciones a la libertad de prensa, que los afectarían en grado superlativo.
Uno de estos socios, el multimedio conocido como Grupo Clarín, propietario de una escandalosa cantidad de medios audiovisuales, con una nefasta historia de apropiaciones ilegales y lazos íntimos con la dictadura argentina de fines de la década del ’70, encabeza el clamor, acompañado por algunos multimedios tan complicados históricamente como el Grupo.
Aquí sí vale detenerse en la historia del Grupo Clarín y su exponencial crecimiento a la sombra de los negocios realizados con la Dictadura. Los privilegios obtenidos en aquel trágico período, se ven amenazados cada vez que alguno de los tres poderes del Estado reivindica con medidas efectivas a las víctimas de la represión.
“Donde se toca, salta pus”. Sobre el Grupo Clarín pesan acusaciones de crímenes de lesa humanidad, por la causa Papel Prensa y por el presunto delito de apropiación de niños. No es la única esfera en la que el controvertido defensor de “todas las voces” se encuentra comprometido. El despido de delegados sindicales, que contraría expresamente la ley argentina, entre 2004 y 2010, sumados a la terca negativa de la empresa a obedecer la resolución judicial que la obliga a reincorporarlos, forzó la medida de los trabajadores de bloquear uno de los accesos a la planta, “impidiendo” la edición del matutino.
De inmediato se desató una ventolera de quejas instando al Gobierno argentino al arrepentimiento en cilicio y ceniza, delegando en éste las responsabilidades del empleador.
En ese contexto, la visita de la SIP adquiere un cariz inquietante. Como ciudadanos memoriosos, tenemos bien presentes épocas de clausuras, suspensiones y silenciamientos; nunca olvidaremos la saña sangrienta con que la dictadura desapareció, luego de incontables tormentos, a quienes se expresaban en disidencia. Clarín, hecho curioso, no se quejaba; más bien, disfrazaba la realidad o mentía con descaro.
Si la Sociedad Interamericana de Prensa toma la iniciativa de defender la libertad de expresión, bien haría en poner en correlato las mentiras de su socio con la realidad que vivimos en la Argentina. No ha corrido tanta sangre ni se ha pasado tanta angustia para dejarnos engañar con semejante facilidad.
Nuestro principal objetivo es la defensa de la democracia que conquistamos como ciudadanos. Los argentinos usamos un giro que resulta bien descriptivo de nuestro sentimiento frente a la “visita” de la SIP: “El que se quema con leche, ve una vaca y llora”. Cuanto más nosotros, que con esta visita no sólo vemos la vaca, sino también el jarro, la hornalla, la leche y los fósforos.
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